La violenta agresi\u00f3n ocurrida en una Estaci\u00f3n de Servicio de GNC volvi\u00f3 a poner en discusi\u00f3n una situaci\u00f3n que los playeros enfrentan con frecuencia: tener que impedir el despacho cuando el cliente no cumple las condiciones exigidas y absorber personalmente el conflicto que genera esa negativa.<\/p>\n\n\n\n
El episodio se produjo en una boca de expendio YPF ubicada sobre la calle Paraguay al 1600 en CABA. Un conductor pidi\u00f3 cargar GNC, pero el empleado constat\u00f3 que la oblea del veh\u00edculo estaba vencida y le explic\u00f3 que no pod\u00eda atenderlo. El hombre comenz\u00f3 a discutir, se retir\u00f3 y luego regres\u00f3 armado con un cuchillo. Dos clientes que intervinieron en defensa del trabajador resultaron heridos, uno en una mano y otro en el cuello.<\/p>\n\n\n\n
El trabajador no hab\u00eda adoptado una decisi\u00f3n personal. La normativa exige que los veh\u00edculos tengan la oblea habilitante vigente y adherida al parabrisas. Ese distintivo acredita que el equipo atraves\u00f3 los controles t\u00e9cnicos correspondientes y se encuentra en condiciones de cargar y circular utilizando gas a alta presi\u00f3n. Si falta, est\u00e1 deteriorado o vencido, la estaci\u00f3n debe rechazar el abastecimiento.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el caso abri\u00f3 un interrogante que va m\u00e1s all\u00e1 del cumplimiento de la regulaci\u00f3n: \u00bfhasta d\u00f3nde puede el Estado trasladar a un trabajador privado una tarea de control que puede desembocar en una confrontaci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n
El abogado y asesor legal de FEC, Fabi\u00e1n Tobalo, explic\u00f3 que el denominado poder de polic\u00eda es la facultad estatal de regular o limitar derechos individuales para proteger la seguridad, la salubridad y el inter\u00e9s general. Desde esa perspectiva, consider\u00f3 que las funciones coercitivas y de fiscalizaci\u00f3n directa no pueden ser delegadas completamente en particulares.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa prestaci\u00f3n de un servicio puede quedar en manos privadas, pero el poder de polic\u00eda de seguridad debe permanecer bajo la \u00f3rbita de la autoridad p\u00fablica\u201d, sostuvo. En su opini\u00f3n, una Estaci\u00f3n de Servicio puede comercializar combustibles y colaborar con el cumplimiento de las reglas, pero eso no deber\u00eda convertir a sus empleados en responsables de gestionar las consecuencias de una infracci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan Tobalo, durante los \u00faltimos a\u00f1os distintas normas nacionales y locales colocaron a los playeros como una barrera de contenci\u00f3n ante incumplimientos relacionados con la oblea de GNC, el uso del casco y otras medidas de seguridad. El problema aparece cuando el trabajador debe comunicar la prohibici\u00f3n, sostenerla frente a una persona hostil y afrontar una eventual reacci\u00f3n violenta sin contar con formaci\u00f3n espec\u00edfica ni con el respaldo inmediato de la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Para el especialista, se produce as\u00ed una desnaturalizaci\u00f3n del rol del empleado, que termina actuando como un \u201cinspector de hecho\u201d. No posee autoridad p\u00fablica, facultades sancionatorias ni medios para intervenir si el conductor responde con amenazas o agresiones. A pesar de ello, queda ubicado en el punto m\u00e1s sensible del control: el momento en que debe decirle al cliente que no puede recibir el servicio.<\/p>\n\n\n\n
El abogado aclar\u00f3 que el objetivo de las normas es leg\u00edtimo. Impedir la carga de un veh\u00edculo cuyo equipo no fue revisado protege al conductor, al personal y a todas las personas que se encuentran en la playa. Su cuestionamiento se dirige al mecanismo elegido y a la falta de herramientas para prevenir el conflicto.<\/p>\n\n\n\n
Desde el principio de razonabilidad, se\u00f1al\u00f3 que una obligaci\u00f3n puede perseguir una finalidad v\u00e1lida y, aun as\u00ed, resultar desproporcionada en su aplicaci\u00f3n. Esto sucede, afirm\u00f3, cuando se expone a un civil a una situaci\u00f3n potencialmente violenta sin presencia de inspectores, patrullaje preventivo, botones de p\u00e1nico conectados directamente con las fuerzas de seguridad o protocolos r\u00e1pidos de intervenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Tobalo advirti\u00f3 adem\u00e1s que, si el Estado impone una carga de control a un particular pero no garantiza condiciones m\u00ednimas para ejercerla, podr\u00eda abrirse una discusi\u00f3n sobre su responsabilidad por omisi\u00f3n o falta de servicio. No significa que cada episodio genere autom\u00e1ticamente responsabilidad estatal, pero s\u00ed que el dise\u00f1o y la ejecuci\u00f3n del sistema deber\u00edan ser revisados.<\/p>\n\n\n\n
Entre las alternativas plante\u00f3 una mayor presencia de agentes p\u00fablicos y el desarrollo de soluciones tecnol\u00f3gicas. En el caso del GNC, propuso avanzar hacia lectores autom\u00e1ticos de obleas o dispositivos vinculados al surtidor que bloqueen el despacho cuando la habilitaci\u00f3n est\u00e9 vencida. De esa manera, la imposibilidad de cargar surgir\u00eda del propio sistema y no de una decisi\u00f3n atribuida personalmente al playero.<\/p>\n\n\n\n
El desaf\u00edo consiste en mantener controles indispensables sin dejar solo al trabajador frente al infractor. La agresi\u00f3n de Recoleta mostr\u00f3 con crudeza que detr\u00e1s de una verificaci\u00f3n de rutina puede aparecer un riesgo que excede por completo la tarea comercial. Para Tobalo, la seguridad no puede depender \u00fanicamente de quien est\u00e1 detr\u00e1s del surtidor: requiere tecnolog\u00eda, protocolos y una presencia estatal capaz de intervenir cuando el control deja de ser administrativo y se convierte en una amenaza. (Fuente: Surtidores)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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