La Federación de Entidades de Combustibles reitera la denuncia sobre la presunta construcción irregular de una estación de servicio en la intersección de las avenidas 19 y 520 de La Plata, en un emplazamiento que, de acuerdo con la normativa vigente, no permite que se permita la obra ni que posteriormente se habilite.
El proyecto vulnera de manera directa la Ordenanza Nº 10.250, impulsada y promulgada durante el anterior mandato del actual Intendente Municipal Dn. Julio César Alak, que prohíbe la instalación de estaciones de servicio a menos de 500 metros de otra existente. En ese sentido, señalan que en la misma intersección ya funciona una estación de la marca Puma Energy, lo que torna inviable cualquier nueva habilitación en el lugar.
A ello se suma que la obra en ejecución continúa sin cartel reglamentario de obra -que debe informar, entre otras cosas, quién es el responsable técnico y el número de expediente donde se tramitó el permiso municipal, lo que impide verificar si cuenta con autorización, configurando un cuadro compatible con obra clandestina.
Si bien por una anterior intervención se logró la paralización de las tareas de construcción, en los últimos días ellas fueron retomadas, advirtiéndose el ingreso de maquinaria pesada destinada a excavar pozos para las fundaciones y, posteriormente, la llegada de innumerables camiones con hormigón.
“Volvemos a señalarlo: se trata de una actividad de alto riesgo que exige controles estrictos y respeto por las normas vigentes. La peligrosidad por la cercanía de dos establecimientos que almacenan grandes cantidades de combustibles aumenta exponencialmente el riesgo ante un siniestro y, además la contaminación de las napas superficiales con hidrocarburos -por pérdidas o vuelcos- son factores que no pueden ser ignorados por las Autoridades competentes”, indicaron desde la entidad.
En este contexto, la Federación solicitó al Municipio la inmediata clausura definitiva de la obra, la demolición de todo lo aquello que esté en infracción a la normativa vigente y la apertura de un sumario administrativo que deslinde responsabilidades de los funcionarios municipales.
“Lo que está en juego no es sólo el cumplimiento de una ordenanza, sino la seguridad de toda la comunidad y el respeto por reglas que deben aplicarse sin excepciones”, concluyeron.
