El Gobierno de Milei necesita priorizar la recaudación en medio de la recesión que impulsa y tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso.
La necesidad oficial de equilibrio fiscal por la caída de la ley ómnibus, además de la caída del poder adquisitivo, puede llevar a un cambio de escenario en relación al precio de la nafta. Mientras que desde la victoria de Javier Milei y su posterior asunción ésta aumentó más de tres veces por encima de la inflación, para los próximos meses el sector de las petroleras, espera que este precio se modere. Ello se debe, en parte, a que el Gobierno evalúa posponer la paridad del precio de venta local respecto al internacional para poder, en cambio, implementar una suba sostenida de los impuestos a los combustibles.
El triunfo electoral de Milei desató inmediatamente una aceleración de la suba de los combustibles, con la que las petroleras buscaron recuperar el atraso de precios que afrontaron bajo los acuerdos sellados con el gobierno de Alberto Fernández. Así, desde fines de noviembre, la nafta y el gasoil subieron aproximadamente un 160%, contra una inflación que será cercana al 50% en el período.
Pero la última de las subas, aplicada el 1º de febrero, fue diferente. No se debió a una actualización de los costos base por parte de las petroleras sino al descongelamiento de los impuestos a los combustibles por parte del gobierno. Se trata del impuesto al dióxido de carbono y del impuesto a los combustibles líquidos, cuyos aumentos habían sido pospuestos sucesivamente desde octubre de 2022, por última vez en noviembre de 2023.
Postergación
La Secretaría de Energía dispuso, al inicio del corriente mes, no volver a postergar las subas pero sí implementar un aumento escalonado. Por el momento, solo descongeló las actualizaciones correspondientes a todo 2021 y 2022, mientras que anticipó que las subas trimestrales correspondientes a 2023 se harán el 1º de marzo, el 1º de abril y el 1º de mayo.
En paralelo, la dependencia conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo había prometido a las petroleras productoras, según los trascendidos, impulsar la paridad de exportación (export parity), es decir, convalidar en el mercado local el mismo precio que el de exportación.
Sin embargo, esto no será finalmente así, al menos por el momento. Según se pudo saber, YPF adelantó a sus petroleras no integradas (en las que terceriza parte de su producción) que no les convalidará el export parity en marzo como estaba previsto, mientras que trascendidos indican que Rodríguez Chirillo hizo lo mismo con las petroleras privadas en los últimos días.
Lo que varió no es otra cosa que el escenario macroeconómico. Por un lado, debido a la aceleración de la inflación, que hace difícil que las petroleras puedan continuar con un sendero de subas como hasta ahora por la caída del poder adquisitivo de la gente. Por el otro, debido a que la caída de la ley ómnibus llevó al Ministerio de Economía a tener que buscar otras vías para lograr cumplir con su meta de déficit cero. En resumen, la postergación del export parity es básicamente un reconocimiento tácito por parte del Gobierno de que las cosas no le están saliendo como quisiera.
Nuevas prioridades
Lo cierto es que el Palacio de Hacienda aplicará así un cambio de prioridades. Resignará darle una mayor rentabilidad a las empresas del sector para anteponer una mayor recaudación fiscal y acercarse a la eliminación del déficit. El impacto es significativo. Aunque es difícil establecer con exactitud una cifra para este año (ya que depende de la estimación del producto y del tipo de cambio), en las últimas décadas la recaudación de los impuestos al dióxido de carbono y a los combustibles líquidos combinados promedió el 1% del PBI, según datos oficiales.
Si es seguro que de acá a mayo aumentarán los impuestos a los combustibles, en el sector petrolero consideran que la contraparte va a ser una moderación de la suba de los demás componentes del precio final para evitar un mayor impacto inflacionario, especialmente teniendo en cuenta su efecto multiplicador sobre otros sectores.
Incluso, fuentes de las petroleras privadas con las que habló El Destape entienden que también habrá una necesidad natural de no seguir aumentando el precio al ritmo de los últimos dos meses debido a que la caída del poder adquisitivo llevaría a una caída en las ventas.
Así, en los próximos meses aumentaría la proporción de los impuestos en el precio final del litro. Dado que esta proporción es hoy de poco más del 10%, su suba sostenida tendrá un impacto menor que la que tendría la suba de los demás componentes del precio final. De hecho, la intención del Ministerio de Economía, entienden en las petroleras, es que los aumentos de los combustibles corran cerca del 8% mensual, y no del 25% que promedió la inflación entre diciembre y enero.
Necesidad del gobierno – equilibrio fiscal
En definitiva, la necesidad fiscal de Milei contribuirá irónicamente, junto con la brutal caída del poder adquisitivo de los últimos dos meses, a moderar en este caso la suba del precio que deberán pagar los usuarios. Fuente: eldestapeweb.com