Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, obliga a compañías y Estaciones de Servicio a notificar las subas con 72 horas de antelación y prevé fuertes sanciones por incumplimiento.
Las Estaciones de Servicio estarán obligadas a difundir las modificaciones de precios con al menos 48 horas de anticipación.
Por Redacción Surtidores
La Legislatura bonaerense puso en agenda un proyecto de ley que busca anticipar y transparentar los aumentos de combustibles. La iniciativa, presentada por la diputada Ayelén Rasquetti (Fuerza Patria), plantea que productoras y expendedoras tengan la obligación de avisar con 72 horas de anticipación cualquier cambio en los valores de naftas, gasoil y GNC.
Según Rasquetti, “los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”.
De aprobarse, la norma impondrá un esquema de comunicación obligatorio: las empresas abastecedoras deberán notificar a la autoridad provincial con 72 horas de antelación cualquier variación de precios, mientras que las Estaciones de Servicio estarán obligadas a difundir esas modificaciones con al menos 48 horas de anticipación mediante cartelería en la playa de expendio, surtidores y canales digitales oficiales.
Para garantizar el cumplimiento, se prevé un régimen de sanciones económicas. Las petroleras que incumplan podrán recibir multas equivalentes al precio de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper, además de la suspensión de la habilitación en casos de reincidencia. Las Estaciones de Servicio, por su parte, enfrentarían penalizaciones de entre 100 y 500 litros de nafta, junto con clausuras preventivas si repiten la falta.
Durante la presentación, Rasquetti apuntó directamente contra las empresas del sector: “Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”.
En los fundamentos del proyecto se señala que la derogación a nivel nacional de la obligación de informar aumentos generó un vacío normativo que hoy afecta a los usuarios. La propuesta provincial busca recuperar atribuciones en defensa de los consumidores, apoyándose en la Constitución Nacional y en normas como la Ley 26.197, conocida como “Ley Corta de Hidrocarburos”.
El texto también recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en fallos como Provincia de La Pampa c/ Mendoza (2017), ratificó la titularidad provincial sobre los recursos naturales, mientras que en el caso Halabi (2009) reafirmó el carácter colectivo de los derechos vinculados al acceso a la información. Con esas referencias, los autores sostienen que la provincia tiene legitimidad para regular la transparencia en la formación de precios de los combustibles.
Rasquetti fue enfática en su exposición: “El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”.
El Ministerio de Economía derogó la normativa que exigía a las Estaciones de Servicio reportar en un sistema centralizado las variaciones en los precios de nafta, gasoil y GNC. La medida busca reducir cargas burocráticas, fomentar la competencia y afianzar el proceso de desregulación del mercado energético.
Otro de los puntos centrales del proyecto es que las sanciones se fijan en litros de nafta, lo que permite que las multas se actualicen de manera automática y mantengan su capacidad de disuasión frente a la inflación, una innovación que busca evitar que las penalidades pierdan eficacia con el tiempo.
De aprobarse en ambas cámaras, la ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. Será el Poder Ejecutivo provincial quien determine la autoridad de aplicación, con la posibilidad de celebrar convenios con los municipios para fiscalizar el cumplimiento.
La diputada enmarcó esta iniciativa en una agenda más amplia: “Queremos recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos. Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”.