Una iniciativa presentada en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón propone prohibir la carga de combustible a vehículos que no exhiban su chapa patente. Aunque de alcance local, el proyecto reaviva una polémica ya conocida en el sector: la creciente tendencia del Estado a trasladar funciones de control y fiscalización a actores privados, en este caso, a los trabajadores de playa de las Estaciones de Servicio.
El sector expendedor reaccionó nuevamente aduciendo que se trata de una reiterativa actitud política de convertir al expendedor de combustible en una suerte de agente de tránsito o auxiliar policial, sin respaldo legal, formación específica ni herramientas para intervenir en situaciones que, por naturaleza, deben ser abordadas por fuerzas estatales. Proyectos similares fueron presentados en el pasado, como los que prohibían cargar combustible a motociclistas que no usaran casco o a conductores sin verificación técnica vehicular.
“Siempre se repite el mismo patrón: como el Estado no logra ejercer su rol de control, traslada esa tarea a sectores privados. Lo hemos visto una y otra vez, y esta iniciativa no es la excepción“, advirtieron los estacioneros sondeados.
Quien tomó la palabra de manera pública fue el presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, Juan Carlos Basílico, quien en diálogo con surtidores.com.ar expresó su preocupación y anticipó que, dado que la entidad cuenta con una sede en Mar del Plata, ya se elabora una nota formal que será remitida al Concejo Deliberante para plantear los riesgos y limitaciones de la propuesta.
“El espíritu de colaborar con la seguridad ciudadana está presente en todas las Estaciones de Servicio, pero eso no puede traducirse en asumir un rol que le corresponde a la policía o a las áreas de tránsito. No se puede pedir a un empleado que controle lo que el Estado no logra controlar”, manifestó el dirigente bonaerense.
Desde su experiencia, el expendedor remarcó que este tipo de normativas exponen al personal de playa a situaciones riesgosas, sobre todo en horarios nocturnos y turnos reducidos. “Una cosa es cooperar con campañas de concientización, y otra muy distinta es quedar frente a un conductor fuera de regla sin ninguna herramienta legal ni protección institucional. Ahí se rompe el equilibrio”, explicó.
Además, advirtió que lejos de lograr el objetivo deseado, medidas de este tipo pueden generar efectos indeseados. “Va a proliferar la venta informal en bidones, con excusas imposibles de verificar. No se resuelve el problema, solo se lo camufla. Ya ocurrió antes y va a volver a pasar”, señaló.
Para el dirigente, lo que subyace es un patrón repetido: el Estado no logra ejercer eficazmente su poder de policía y busca delegarlo en sectores privados. “Con la tasa vial nos hacen sostener el mantenimiento de calles que no arreglan, con resoluciones nos quieren hacer controlar si alguien usa casco, si tiene VTV, y ahora si tiene patente. No corresponde. El control y la sanción deben ser función del Estado, no del que vende combustible”, sentenció.
Desde la sede local de la FEC confirmaron que la nota de advertencia ya está en elaboración y será presentada formalmente en los próximos días. El documento institucional expondrá con claridad los límites que existen entre la colaboración y la delegación de funciones, y reclamará que no se avance en decisiones que recargan injustamente al eslabón más vulnerable de la cadena: el trabajador de playa.
“Estamos siempre dispuestos al diálogo y al trabajo conjunto con las autoridades. Pero hay funciones que no pueden ser tercerizadas. La seguridad pública debe estar en manos del Estado, de quienes tienen la formación, las herramientas y el poder legal para ejercerla. No podemos pretender que lo haga alguien que simplemente está cumpliendo su labor en una Estación de Servicio”, concluyó el empresario.